domingo, 30 de marzo de 2008

Coqueteando con el fascismo

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"Coqueteando con el fascismo", nota editorial de El Turbión sobre la política de Uribe Vélez

En el país se vive un ambiente de tensión en varios sectores políticos de oposición y esto no ocurre, precisamente, por la veracidad de la tenencia de los computadores de las FARC y el ELN, sino por los documentos que se pueden fabricar en éstos. Después de una marcha capitalizada en contra de las FARC –y promovida por los empresarios–, la muerte de Raúl Reyes, el conflicto con Ecuador y Venezuela, la forma en la que murió Iván Ríos, además de la colecta de firmas para permitir a Uribe ser reelegido, la opinión pública sólo sabe ver por los ojos de un presidente de carácter guerrero y mesiánico. Pero las cosas en Colombia están lejos de ser una embarcación con vientos a favor: el patriotismo hecho espectáculo público no permite ver el asesinato de 7 dirigentes sociales y las amenazas a 28 personas y organizaciones más, después de la marcha del seis de marzo; el robo y apropiación de tierras por parte de grandes empresarios, como en el caso de Carimagua; un congreso en el que hay una importante representación de la cuota parapolítica, además de un presidente que tiene relaciones muy cercanas con el narcotráfico y el paramilitarismo. El problema, sin embargo, no es la perpetuación de Uribe en el poder, sino la aceptación y apropiación de un discurso supuestamente nacionalista que ha cambiado la apatía por un reconocimiento de una paz armamentista y en la cual la sociedad civil valida la pena de muerte.

Seis años lleva el presidente Uribe en el poder, lo que constituye uno de los grandes logros de empresarios y narcotraficantes que se lucran de la guerra, la explotación laboral y la tenencia de tierra a través del desplazamiento. Su primer periodo presidencial se fundamentó en una guerra a la subversión, pero los resultados no fueron muchos, a excepción de las caravanas militarizadas que ofrecieron la ilusión de viajar por los territorios antes vedados. Mientras tanto, los paramilitares tomaban zonas a sangre y fuego y operaban libremente por el país, en acciones conjuntas con militares. Para la primera reelección, el presidente usó como bandera la reinserción de los paramilitares para emular el ejemplo de Pastrana con las FARC y, con el apoyo irrestricto de su bancada parlamentaria y de los gobiernos locales a su servicio –muchos de ellos implicados en este momento en los procesos de la parapolítica–, logró mantenerse en el poder. Ahora que la situación económica del país es más crítica, revive su postura inicial, la guerra al secuestro y a las FARC, capitalizada desde la muerte de Raúl Reyes y el conflicto con Ecuador y Venezuela.

Es claro que el lanzamiento de la campaña de la segunda reelección fue el 4 de febrero. La movilización realizada esa fecha fue un evento que preparó a las personas para el ataque militar que violó la soberanía nacional del Ecuador, en el que se traspasaron 18 kilómetros de frontera y no dos, como circularon algunos medios. Además, Chávez aumentó la popularidad del gobierno de Uribe al interior del país, gracias a sus permanentes intervenciones y respuestas a cualquier pronunciamiento de éste. Lejos estaba la postura de Correa, quien supo manejar la situación y presionar diplomáticamente para frenar cualquier intención de generar una guerra regional.

De esta manera, Uribe, a mitad de su segundo periodo presidencial, está en su mejor momento, gozando de una popularidad que lo revindica como la solución a los problemas de la nación, ya que ha sabido ubicar como chivo expiatorio de los males de Colombia a la subversión, a otros países y a toda postura de izquierda, distrayendo a la opinión pública y propiciando ideas intolerantes, enemigos creados y un nacionalismo simplón, pero efectivo. De esta manera, asegura la segunda reelección con una estrategia similar a la usada para su segundo mandato: acercar inicialmente el tema al manifestar no estar interesado en una reelección por el bien de la democracia, para luego presentar un acto fabuloso que demuestra que él es necesario, primero con la reinserción, ahora con el golpe a las FARC y el conflicto con Ecuador y Venezuela.

Sin embargo, el ataque en Ecuador responde a intereses que van más allá de fines electoreros o tácticos en contra de la guerrilla. Para Estados Unidos, gran amigo del presidente, es importante controlar el comercio con China en la cuenca del pacífico, lo que compromete a cuatro países andinos: Ecuador, Colombia, Perú y Chile, además de seguir controlando un país que es vital políticamente en Latinoamérica, debido a la avanzada de izquierda que se manifiesta en estas latitudes. Muestra de esto son los aproximadamente 4.000 asesores militares norteamericanos que, según fuentes consultadas por el Periódico El Turbión, habrían ingresado unos 10 días antes del ataque en suelo ecuatoriano a la base de Larandia en Caquetá, emplazamiento que empieza a servir como reemplazo a la base aérea de Manta en Ecuador, y los numerosos efectivos militares colombianos que, de igual manera, se desplazaron a los cascos urbanos más cercanos a las zonas de frontera en departamentos como La Guajira, Nariño y Putumayo. Desestabilizar una región para lograr el control que se necesita sobre ésta es una vieja táctica estadounidense, que convierte fácilmente a amigos en enemigos con el fin de afianzar el control militar y económico.

El espectáculo que enmascara la realidad del país está ocultando la miseria que se vive en el campo y en las calles, por culpa de la guerra y el desplazamiento forzado. El show mediático que se ha originado después del ataque en Ecuador y la marcha del 4 de febrero mantiene a la gente en una euforia patriótica que propicia el creer en la paz armada, en la falsa desmovilización de los paramilitares y obnubila, consagrando la imagen de una suerte de Mesías, grande, fuerte y noble, mientras desaparece las discusiones sobre la tasa de desempleo, la caída de la bolsa colombiana, la crisis del dólar, la acumulación de tierras por parte de unos pocos y los asesinatos selectivos. La opinión pública, desinformada y maravillada con resultados espectacularizados, junto con el vértigo noticioso de más hallazgos en los computadores y de las supuestas capturas y asesinatos de comandantes de las FARC por parte de sus subalternos, se acerca a una aceptación taimada del asesinato. La captura o validación de información pasan a segundo plano y la obscena observación frente a un asesinato pasa del 'por algo sería' a la perversa aseveración del 'se lo merecía'.

De esta manera, se está consolidando la aceptación del fascismo por parte del pueblo colombiano, con el fin de sostener un gobierno que, al igual que en los años de dictadura en Chile, permita y encabece el abuso y el asesinato. Una de las características de una administración de este estilo es concentrar el poder en el Ejecutivo mientras la gente apoya sus consignas llenas de patriotismo, distracción útil que le conviene a las grandes multinacionales y a los empresarios monopolistas locales, que acumulan más poder a medida que el grueso de la población se reduce a mano de obra barata desinformada. El resultado es nula participación democrática y una dictadura comprada por el mismo pueblo. De seguir en rumbos de paz con sinónimos de arrasamiento, como la pax romana que propone Uribe, Colombia seguirá andando en círculos de violencia y comprando distracciones: lejos de una paz conciliada que proponga formas de reconocimiento y de responsabilidades políticas que le den salidas viables al desempleo, a la repartición de la tierra, al reconocimiento debido a indígenas, afrocolombianos y campesinos, y al empoderamiento de la sociedad en las decisiones de la política interna y externa del país. Es decir, de seguir en un rumbo guerrerista, las decisiones seguirán siendo tomadas por parte de tecnócratas que no entienden las realidades concretas de miseria que se viven en el país y se profundizará la venta de recursos naturales, las políticas neoliberales, la expropiación de las tierras y el sometimiento a no pensar diferente, a obedecer un gobierno milagroso que defiende al país de enemigos internos y externos, aunque éstos sean fabricados en las oficinas de propaganda de Palacio o de los grandes medios de comunicación.

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sábado, 29 de marzo de 2008

Un libro imprescindible sobre Colombia

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José Manuel Martín Medem

La República

Dejen todo lo que estén leyendo y busquen inmediatamente el libro de Hernando Calvo Ospina COLOMBIA, LABORATORIO DE EMBRUJOS que ha publicado Ediciones Foca.

Su lectura es la mejor manera de comprender lo que significa la doble presidencia de Álvaro Uribe como destilación del terrorismo de Estado bajo el control de Estados Unidos en defensa de la oligarquía más miserable de América Latina que ha empobrecido a la inmensa mayoría de los colombianos. Les anticipo unas ráfagas:

> Con la Ley de Defensa Social (1928),Colombia adelantaba a EEUU en el combate contra el enemigo interno.

> La política criminal de la CIA comenzó en 1948 con el asesinato en Bogotá del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Surge entonces la guerrilla campesina como autodefensa y el ejército organiza a los paramilitares con las instrucciones de EEUU y la financiación de latifundistas y ganaderos.

> En 1956 (¡en Benidorm!) conservadores y liberales se reparten Colombia mediante el pacto del Frente Nacional.

> La Escuela de Lanceros, especializada en guerra contrainsurgente, se organiza en Colombia (1959) ¡cuatro años antes que la criminal Escuela de las Américas!

> Colombia ocupa la vanguardia en la aplicación del terrorismo de Estado a partir de la Doctrina de la Seguridad Nacional elaborada en Washington con la experiencia acumulada por los militares franceses, en las guerras colonialistas de Indochina y Argelia,y por los nazis acogidos en Estados Unidos. La contrainsurgencia se convierte en política de Estado como estrategia de seguridad nacional a partir de 1962.

> Con la Ley de Seguridad Nacional "se consolida una estructura estatal ideada y concebida para el ejercicio sistemático de la violencia como forma de hacer política"

> Con los presidentes Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala (Estatuto de Seguridad Nacional), "las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Colombia". Se establece la tortura como "mecanismo institucionalizado para los interrogatorios". Se criminaliza "toda práctica de oposición política y todo tipo de protesta social".

> Con el presidente Belisario Betancur (el amigo de PRISA en Colombia) se estableció la guerra sucia como política de Estado: "se institucionalizaron las 'desapariciones' y las ejecuciones sumarias". La CIA participa en la preparación de escuadrones de la muerte organizados por las Fuerzas Armadas en alianza estratégica con las mafias del narcotráfico.

> La guerra sucia provoca un "aterrador baño de sangre" bajo la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990).

> El paramilitarismo está incrustado en el corazón y cerebro del Estado colombiano.

> La criminalidad política durante la presidencia de César Gaviria supera a todas las dictaduras militares de América Latina.EEUU le premió con la Secretaría General de la OEA.

> El presidente Samper (protegido por el felipismo del PSOE) "consolidó el paramilitarismo como política de Estado".

> El presidente Pastrana facilita el mayor crecimiento y despliegue de los paramilitares, además de profundizar la política neoliberal de Gaviria que empobrece a la inmensa mayoría de los colombianos.

> Según la Defense Intelligence Agency (DIA) de EEUU, "Álvaro Uribe trabajó con el Cartel de Medellín y fue un cercano amigo de Pablo Escobar".

> Un editorial del New York Times decía que la Ley de Justicia y Paz, con la que Uribe blanquea a los paramilitares,debería denominarse ley de impunidad para asesinos en masa, terroristas y grandes traficantes de cocaína.

> Un 10% de los colombianos concentra el 45% de la riqueza del país.

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viernes, 28 de marzo de 2008

Los gastos de la guerra

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"Los gastos de la guerra", investigación del economista Diego Otero Prada

Cualquier guerra interna requiere recursos para llevarla a cabo y da lugar a costos para los sectores público y privado por los daños causados y los delitos cometidos por los agentes de la contienda.

Se presenta a continuación un estimativo de los gastos en que ha incurrido Colombia para enfrentar el conflicto interno en el período 2000-2008 y se comparan con indicadores internacionales para ver su importancia.

Gastos en defensa por el gobierno

Los gastos del gobierno para la defensa se refieren a los que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que podría llamarse gasto militar en sentido estricto.

Varios trabajos se han realizado para calcular el gasto militar del gobierno central. El de Yaneth Giha Tovar, Héctor Riveros y Andrés Soto Velasco (1999)[1] presenta el comportamiento del gasto de la fuerza pública de 1926 a 1998. Según los autores, de 1926 a 1949 el gasto en defensa como proporción del PIB estuvo en valores razonables, por debajo de 1.1%, excepto en los años 1933 y 1934 de guerra con el Perú, en que el gasto subió a 3% del PIB. A partir de 1950 la economía colombiana entra en una pendiente de gasto militar creciente, pasando a 2.0 % del PIB entre 1950 y 1989. En el decenio de los noventa se produce un salto a 2.8 % promedio de 1990 a 1998, y de 1996 en adelante se da un aumento continuo en el porcentaje hasta llegar a 4.7% en 2008.

Este incremento en el gasto militar como proporción del PIB se ve reflejado en la participación en el presupuesto de la Nación. De 1980 a 1992 el porcentaje cayó de 14.2% a 10.8%, pero de 1992 en adelante ha habido un crecimiento continuo hasta alcanzar 14.3% en el 2008.

Mientras tanto, el gasto social como proporción del PIB estuvo por debajo de 10% hasta 1992, pero, para 1994 había aumentado a 10.22%, hasta llegar a un máximo de 16.7% en 1996, disminuyendo por debajo de 15% a partir de 1997, para variar entre 14 y 15% en los siguientes años.[2]

Los gastos en defensa y seguridad

Surgen problemas de definición. ¿Qué son gastos para la defensa y seguridad? ¿Solamente los del Ministerio de Defensa y la Policía como es tradicional en épocas de tranquilidad y que son definidos así en los estudios comparativos internacionales? ¿Qué ocurre con los gastos del DAS, del Ministerio de Interior y Justicia, de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo? ¿No hay un componente de estos gastos que tienen como determinante la guerra? De ahí que en el análisis que sigue se consideran los gastos de estas agencias gubernamentales porque en las condiciones de Colombia juegan un papel en el conflicto que se libra.

Los gastos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comprenden lo correspondiente al sector central, definido como Ministerio de Defensa y Policía Nacional en la Ley de Presupuesto, y las siguientes Entidades Descentralizadas:

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Fondos Rotarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Hospital Militar

Defensa Civil Colombiana

Club Militar

No se incluyen las empresas industriales y comerciales del estado adscritas al Ministerio de Defensa que para los años 2004 y 2005 tenían presupuestos de $ 1083 y $2606 miles de millones.

El conflicto ha obligado a que se dediquen recursos muy importantes de los gobiernos central, departamental y municipal a la defensa y la seguridad, presionado las finanzas públicas, con la consecuencia de disminuir los recursos para otras actividades más productivas y de un verdadero contenido social.

Pero los gastos para defensa y seguridad no se agotan solamente en lo que hacen los gobiernos nacional, departamental y municipal porque hay actores externos que alimentan el conflicto interno. Así, hay que incluir los recursos que provienen de Estados Unidos, principalmente, y de otros gobiernos extranjeros, con lo cual las sumas dedicadas a la guerra por el gobierno crecen.[3]

Para los cálculos y el análisis del gasto en defensa y seguridad se utilizan las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de las apropiaciones definitivas del presupuesto de la Nación para el lapso 2000-2004, que comprende al Gobierno Central y los Establecimientos Públicos, y para 2005-2008 los proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República.

En definitiva, se hace uso del concepto de gastos en defensa y seguridad (en adelante se hablará de gasto en seguridad para simplificar) que engloba los gastos militares y de justicia, que se desagregan en los siguientes rubros:

* Mindefensa

· Policía Nacional

· Ministerios del Interior y de Justicia

· Rama Judicial

· Fiscalía

· Ministerio Público

· Defensoría del Pueblo

· DAS

El gasto en defensa y seguridad en el período 2000-2008

El total de los gastos en seguridad pasará de $8795 miles de millones en 2000 a $22,687 miles de millones en 2008, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 12.58% %, 6.69 puntos por año por encima de la inflación anual promedio del mismo período (Cuadro 1).

Los mayores crecimientos en el gasto en seguridad se produjeron en el 2001 con 19.6 % y en 2003 con 16.6 %, con cifras menores de 8.3 % 7.8% en 2003 y 2004. Luego de una reducción de 0,97% en 2005, los gastos se recuperaron en 2006 y 2007 con tasas de 13,7% y 12,9% respectivamente. Lo previsto para 2008 es un salto impresionante de 24.6%

La participación de los gastos en seguridad en el total del presupuesto de la Nación aumentó de 17.97 % en 2000 a 18.52% en 2003; disminuyó a 15.18% en 2005 y subió a 15.49% en 2007. Con lo aprobado en la Ley de Presupuesto de la Nación para 2008 la participación de gasto en seguridad llegará a 18.05%.

Por otra parte, la contribución de los gastos de inversión en seguridad en la inversión de la Nación aumentó de 7.11 % en el 2000 a 14.77 % en el 2003, con una caída a 7.84% en 2005 y recuperación en 2006 y 2007, previéndose que en 2008 casi la cuarta parte de la inversión (19,54%) estará relacionada con el conflicto.

Los gastos anteriores en seguridad son los que corresponden al presupuesto de la Nación. Falta considerar los egresos provenientes de los municipios, de los departamentos, del Plan Colombia y de diferentes convenios de cooperación firmados con otros países y organismos internacionales.


Cuadro 1

RELACIONES ENTRE EL GASTO EN SEGURIDAD CON EL PIB Y

EL PRESUPUESTO NACIONAL 2000-2008

Rubro

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PIB

174.896

188.559

204.530

226.298

247.100

285.991

316.544

343.412

384.621

PRESUPUESTO DE LA NACION

48.955

62.745

66.758

71.744

81.707

93.475

105.923

117.594

125.715

GASTOS FUNCIONAMIENTO NACION

40.974

51.286

56.125

62.781

70.351

49.319

52.011

56.681

65.100

GASTOS DE INVERSION NACION

7.621

11.429

10.933

8.693

9.241

12.598

14.982

21.443

21.300

INDICE DE INFLACION

8,75

7,65

6,99

6,49

6

4.9

4.5

5.5

GASTOS TOTALES

GASTOS SEGURIDAD

8.795

10.522

11.394

13.285

14.325

14.186

16.123

18.210

22.687

GASTOS MILITAR

6.652

7.881

8.883

10.481

11.466

11.268

12.601

13.869

18.047

GASTOS JUSTICIA

2.143

2.641

2.511

2.804

2.859

2.918

3.522

4.341

4.640

GASTOS FUNCIONAMIENTO

GASTOS SEGURIDAD

8.253

9.426

10.800

12.001

13.253

13.236

14.805

16.215

18.534

GASTOS MILITAR

6.180

7.005

7.756

9.511

10.623

10.485

11.591

12.685

14.611

GASTOS JUSTICIA

2.073

2.421

2.324

2.490

2.630

2.751

3.214



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