EL PREDIO CARIMAGUA

'Una belleza de negocio'

Pedro Medellín Torres. Columnista de EL TIEMPO.

Gobierno confirmó el escaso interés que tiene en entregar tierras a los desplazados por la violencia El Gobierno envía una pésima señal al país y a la comunidad internacional.

En el mismo momento en que la Fiscalía llamaba a indagatoria a 23 palmicultores por la usurpación de extensos terrenos en el Chocó, el Gobierno daba curso a la decisión de cambiar la destinación específica del predio Carimagua (17 mil hectáreas), que en principio debía entregar a 80 familias desplazadas por la violencia: abría la licitación para entregar esos terrenos por 50 años, a empresarios interesados en utilizar esas tierras para sembrar palma, caucho y madera.

Pese a que el informe de EL TIEMPO afirmaba que el lote estaba provisto de "aljibes de agua potable, vías y hasta una pista de aterrizaje", el Ministro de Agricultura justificaba la decisión argumentando que ese predio no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados. En cambio, afirmaba Arias "en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados".

Con esta decisión, el Gobierno colombiano está enviando una pésima señal al país y a la comunidad internacional. Primero, confirma el escaso interés que tiene en entregar tierras a los desplazados por la violencia, sin importar que la ley los declare como prioridad, debido a su circunstancia de debilidad, vulnerabilidad e indefensión.

Y segundo, vuelve a poner a los palmeros en el complejo escenario de sus relaciones con el paramilitarismo, que ha marcado la historia reciente de entregas irregulares de tierras y los desplazamientos de población asociados a la expansión de los agrocombustibles, que ha publicado EL TIEMPO (edición del 26 de mayo de 2007), Semana (ediciones de abril y mayo de 2007), y fueron anticipadas por la Resolución No. 39 emitida por el Defensor del Pueblo en junio de 2005.

El Gobierno está en todo su derecho de apostar por el desarrollo de un sector de la economía, como lo ha hecho con los palmeros.

Los ha beneficiado con una renta exenta por un término de 10 años al aprovechamiento de los cultivos sembrados entre 2003 y 2013; con una deducción del impuesto a la renta del 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos; una deducción del 10% de la renta líquida del contribuyente a la inversión nueva realizada en reforestación, y la exclusión del IVA del biocombustible de origen vegetal o animal para uso de motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con Acpm. Eso sin contar con las facilidades crediticias, de cofinanciación y apoyo institucional que le ha concedido en sus seis años de gobierno.

Lo que resulta discutible es que el Gobierno persista en impulsar ese sector, a costa de las víctimas de la violencia, como ocurre con el predio Carimagua o con la decisión de desjudicializar el trámite de pertenencias y rebajar los términos de las prescripciones adquisitivas de dominio de tierras, que hace la Ley 1152 de 2007 que dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y reforma el Incoder. Es la ley que, leída con el Plan de Desarrollo, crea el mundo feliz: legaliza las tierras obtenidas por la vía de los hechos, financia los proyectos que se vayan a desarrollar en ese predio y confiere ventajas tributarias por hacerlo.

Puede que sea "una belleza de negocio", pero aplastar a las víctimas impide la reconciliación de los colombianos. Incluso si se tratara solo de un negocio, la decisión del Gobierno ni siquiera logra estructurar un proyecto empresarial con el que Colombia pueda competir en el mundo de los combustibles. Legalizar propiedades y recibir subsidios solo consolida las prácticas rentistas que han caracterizado a la mayoría del empresariado (y el paraempresariado colombiano).

Pedro Medellín Torres