Me volví uribista

(Escrito por Daniel Samper Ospina)

Declaratoria:

Como no aguanto tanta presión de grupo, he decidido volverme uribista. De modo que de ahora en adelante botaré mis libros de filosofía y mi filósofo de cabecera será José Obdulio Gaviria.

Creeré que la meritocracia para ser nombrado en una embajada consiste en ser hijo de un político uribista, ojalá costeño y ojalá corrupto.

Creeré que los paras eran un mal menor, necesario para acabar con la guerrilla.

Me parecerá que los crímenes de los paras no eran tan graves.

Estigmatizaré a la izquierda y pensaré que cuanta persona oiga a Silvio Rodríguez, tome vino caliente o use mochila, en realidad es un terrorista en potencia.

Creeré que vamos ganando la guerra y lo que nos hacía falta era mano dura.

No aceptaré las derrotas y saludaré a mis rivales con asco y sólo cuando sea inevitable.

Recortaré las columnas de Fernando Londoño, y lo que tiene aun más mérito trataré de leerlas hasta el final sin quedarme dormido.

Creeré que deberíamos hacer una constitución a la que uno pudiera cambiar un articulito cada vez que se le dé la gana, para que Uribe no se vaya nunca de la presidencia.

Creeré que no hay nadie fuera de Uribe, ni hubo nadie antes, ni habrá nadie después.

Me compraré un caballo y un sombrero y los cabalgaré y no me sentiré como un Ochoa sino como un Uribe al hacerlo.

Creeré que Uribe es entretenido incluso hablando de fútbol.

Me cortaré el pelo al ras, me apuntaré el botón del bobo.

Tendré sexo con las medias puestas y solamente para procrear.

Ingresaré al Opus Dei.

Admiraré a Franco en secreto.

En adelante soy uribista, les pido a mis vecinos y a las personas que me rodean, que por favor ahora si me acepten.

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La otra marcha

Por HERNANDO GÓMEZ BUENDÍA

Son las motosierras, las cabezas cortadas para jugar al fútbol, los cuerpos recortados para ahorrar trabajo, los machetazos para no gastar balas. Son las niñas violadas, los niños masacrados, las casas incendiadas, los 4 millones de hectáreas usurpadas, los 3 millones de campesinos echados como perros. Son Mapiripán, Chengue, Mejor Esquina, Barcelona, El Aro, La Negra, el Alto Naya, Honduras, Pueblo Bello, Las Tangas, Buenos Aires, El Salado, La Granja, La Chinita. Son la Unión Patriótica, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Jaime Garzón, es Mario, es Elsa. Son 15.000 asesinatos, 1.800 masacres, cientos de fosas ocultas, 3.000 desaparecidos.

Son crímenes de lesa humanidad, o crímenes que niegan el ser humano en cada uno de nosotros. Por eso, asistir a la marcha del 6 de marzo es un acto puro de moralidad, una expresión colectiva y simbólica de nuestra dignidad como seres humanos.

La misma dignidad que se expresó en la marcha del 4 de febrero, cuando unos 8 millones de colombianos en 140 países salimos a protestar contra los asesinatos, los collares-bomba, las pipetas, las minas, los secuestros, las cadenas y las bombas de las Farc. Son crímenes de lesa humanidad, que por eso merecen el repudio de la humanidad.

No se trata de comparar. Y no es lícito comparar. Un crimen nunca puede justificar otro crimen, porque entonces ninguno sería un crimen —y habríamos renunciado a ser humanos—. Así que, desde el punto de vista moral, los mismos 8 millones de colombianos que marchamos en febrero tenemos el deber de hacerlo en marzo.

Pero no hay que ser un genio para saber que a la marcha del 6 de marzo no asistirán 8 millones de colombianos, y tal vez ni siquiera un millón de colombianos. Es porque esos eventos multitudinarios no son —como deberían ser y como a la gente le dicen que son— actos morales puros, sino que además son actos mediáticos y actos políticos.

Los medios son el único lugar donde las multitudes se crean, se organizan y se expresan, y por tanto la marcha de febrero no habría sido sin la supercampaña de los medios en contra de las Farc. Pues resulta que en los medios decisivos no hay la misma claridad ni hay el mismo entusiasmo en condenar los horrores de las 'autodefensas' (y es elocuente que así las llamen).

¿O es que de veras cree usted que los canales privados, las radiocadenas y el periódico de Bogotá van a dedicar iguales horas extras y otra página diaria a organizar otra megamarcha contra los 'paras'?

Lo cual me trae a la marcha como un acto político, como expresión de acuerdo o desacuerdo con una cierta manera de concebir y gestionar los intereses públicos. Y aquí nos encontramos con una asimetría inocultable: en tanto la política de mano dura en contra de las Farc tiene el apoyo de tirios y troyanos, la política de mano blanda respecto de los 'paras' es el asunto más controvertido de este megagobierno.

Los hechos son tozudos. Llevamos ya 6 años de un Presidente dedicado con sus ministros y sus consejeros a buscar un camino legal para indultar a los señores de Ralito y sus miles de 'muchachos'. Hay una Ley de 'Verdad, Justicia y Reparación', pero es la verdad que le convenga contar a cada ex comandante, la justicia en cárceles que no lo son tanto y la reparación en fincas para ser entregadas a grandes palmicultores.

Los hechos son tozudos, pero las percepciones son todavía más tozudas. La gente —la mitad de la gente, dicen las encuestas— piensa que las autodefensas se justifican y uno de cada tres colombianos piensa que ellas deben perseguir a las guerrillas. Es lo que oigo decir en las tertulias: que a la marcha de marzo no hay que sumarse porque los 'paras' no son tan malos, porque son un mal necesario, porque pagaron sus penas, porque se acabaron, porque la Farc invitan o a las Farc les conviene, porque atacar a los 'paras' es atacar al Ejército y es atacar al presidente Uribe.

Todo lo cual en mi opinión confirma que el nuestro es un país bastante confundido.

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EL MONSTRUO SE TRANSFORMÓ

El paramilitarismo no se ha acabado

María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.

Paramilitarismo sigue vivo, pero transformado en otra monstruosidad: una mafia regional legalizada y aceptada socialmente

El 6 de marzo saldré a marchar como lo hice el 4 de febrero: en contra de todas las formas de violencia que azotan a este país -no solo en contra del paramilitarismo- y honraré la memoria de todas las víctimas de este conflicto, provengan de donde provengan.

Es probable que eso no sea políticamente correcto en esta Colombia joseobduliesca, que cree a pie juntillas que las únicas marchas que valen la pena son las que refuerzan la tesis gubernamental de que Colombia no vive un conflicto, sino una amenaza militar, que son las Farc, y que una marcha en contra de los paramilitares es una estupidez porque, como nos lo han dicho una y otra vez, estos, los 'paracos', ya no existen desde que este gobierno los desmovilizó con éxito y encarceló a sus máximos jefes.

Nada más falso que esa premisa. El paramilitarismo en el país no se ha acabado. Sigue vivito y coleando, pero transformado en otra monstruosidad: en una mafia regional prácticamente legalizada y aceptada socialmente, que ya no solo se nutre del narcotráfico, sino del erario público, al estilo de la mafia napolitana y siciliana. Es una mafia que ha aprendido a ganar las elecciones, que tiene a senadores que representan sus intereses y que ahora es la gran dueña de los puestos y de los contratos, la misma que lava sus dineros en esas pirámides financieras que hoy se están derrumbando. Una mafia que sobrevivió a la desmovilización y al encarcelamiento de algunos de sus jefes militares debido a que este proceso se hizo de manera incompleta, al dejar intactas las estructuras de poder de esas organizaciones criminales.

Desde luego, tiene sus ventajas: es una mafia que no le incomoda mucho al Gobierno; que no comete masacres, sino asesinatos selectivos, porque, a diferencia de sus antecesores, ya tiene asegurado el control territorial y el poder dentro de las instituciones del Estado que le dejaron los narcoparamilitares, quienes recurrieron a las masacres de campesinos, a las motosierras y al despojo de las tierras para conseguir finalmente el control de territorios que desde el 2000 detentan.

Esa es la misma mafia que anda detrás del cultivo de la palma y de ese embeleco presidencial en que se ha convertido el tema de los proyectos agroindustriales y que se articula de maravilla con ese talante terrateniente que tiene este gobierno a la hora de pensar en los desplazados y en las víctimas del paramilitarismo.

Cuando esta mafia escucha al Ministro de Agricultura decir que la mejor forma de ayudar a los desplazados es dándoles la tierra en encomienda a los ricos que los han desplazado, para que de esa forma los desplazados se conviertan en la mano de obra del encomendero, como si el país hubiera vuelto a los tiempos de las encomiendas y de los siervos sin tierra, se le debe hacer agua la boca. ¿En qué quedó, pregunto yo, esa promesa presidencial del primer gobierno del presidente Uribe de convertir a Colombia en un país de propietarios?

En materia de reparación de las víctimas también el Gobierno está en deuda. La ley de justicia y paz, a pesar de que se quedó corta en sus escenarios, tuvo de positivo que les propuso por primera vez a las víctimas una oportunidad para la reparación. Sin embargo, después de varios años de una aplicación de la ley llena de tropiezos, la situación no es muy halagüeña: las víctimas siguen sin ser reparadas económicamente, los jefes 'paras' siguen con sus fortunas intactas y, según hemos sabido, muchos de ellos están en trance de negociar con los norteamericanos su extradición hacia los Estados Unidos. Una ida de 'Macaco' y 'don Berna' a los Estados Unidos significaría un golpe de gracia para la ley de justicia y paz porque perderíamos hasta la verdad, que es lo único que ha fluido medianamente en este proceso.

Uno puede no salir a marchar el 6 de marzo, como el Gobierno quiere que hagamos. Lo que sí se cae de su peso es que nos traten de convencer de que este monstruo que nos aprisiona, llamado paramilitarismo, ya no existe.

María Jimena Duzán

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La segunda reelección de Uribe: la hecatombe del orden constitucional

POLÍTICA DEMOCRÁTICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA

La segunda reelección de Uribe: la hecatombe del orden constitucional

Hace un poco más de dos años, cuando se planteó la propuesta de reformar la Constitución de 1991 para permitir la reelección inmediata con nombre propio, Foro Nacional por Colombia emprendió, al igual que muchas otras organizaciones y personas de la sociedad civil, la tarea de oponerse a esa iniciativa por considerar que no contribuiría al propósito de avanzar en la búsqueda de una verdadera democracia para Colombia.

Pensábamos, como lo hacemos ahora, que por más respaldo popular y apoyo de encuestas que tenga el mandatario de turno, no es con la entronización en el poder del presidente y de su clase política de apoyo como se solucionarán los problemas del país. Al contrario, consideramos necesario trabajar en el propósito de más largo plazo de consolidar instituciones, normas y comportamientos democráticos en el Estado y en la Sociedad Civil que respondan a un proyecto de solidaridad, justicia, equidad y paz.

La propuesta, promovida por el grueso del Partido de la U en cabeza de su presidente Carlos García y a la que se han opuesto algunos miembros de la misma bancada como Gina Parody y Martha Lucía Ramirez, de impulsar nuevos cambios constitucionales que permitan una segunda reelección de Uribe y un eventual tercer período suyo en el gobierno nos obliga a pronunciarnos nuevamente. Razones sobran para no apoyar esta iniciativa. Mencionemos sólo algunas:

1. Constituye un nuevo cambio en las reglas de juego, indicativo de la facilidad de manipular nuestras instituciones y nuestro ordenamiento legal, de acuerdo a las conveniencias coyunturales.

2. Distorsionará la labor legislativa del Congreso, muy seguramente dando paso a intercambios de favores por apoyos como los que ya se observaron en los casos de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

3. Distrae la atención de la opinión sobre temas sin resolver en este gobierno, entre otros el acuerdo humanitario, la atención a los desplazados, la destinación de recursos para reducir la pobreza y las desigualdades sociales y la resolución del conflicto. El argumento de que el presidente necesita más tiempo para finalizar su labor y el propio debate sobre la reelección son una cortina de humo que oculta tanto los puntos en los cuales no ha logrado avance, como situaciones graves en las que se encuentra comprometido, como la vinculación de su bancada con la parapolítica.

4. Hace evidente una concepción de democracia -que por demás ha fracasado en otros países- donde ciudadanos poco participativos y poco conscientes de sus responsabilidades delegan en un líder "salvador" la superación de la crisis.

5. Finalmente, de aprobarse esta propuesta se seguirá avanzando en la concentración del poder y en el quiebre del Estado de Derecho y de mecanismos para su salvaguarda, en particular la división de poderes. Se acentuará sin duda la posibilidad de incidir en nombramientos de magistrados del poder judicial o en la conformación de la Junta Directiva del Banco de la República, entre otros aspectos.

Con todas las diferencias del caso, quienes estuvimos atentos a la aprobación de la primera reelección de Uribe observamos una estrategia ya conocida en el pasado. Un presidente que no se pronuncia sobre su interés pero aliados cercanos que hacen la tarea de poner en la opinión pública el tema elogiando las características del mandatario. Esto, sumado a la percepción de "hecatombe" ocasionada por el deterioro de las relaciones con Venezuela y la burda utilización de la marcha contra las FARC el pasado 4 de febrero como un respaldo al gobierno, hacen que no queden dudas de la intención de proceso que se inicia.

En ese sentido, además de expresar una voz de rechazo, Foro quiere hacer explícita la necesidad de impulsar un proceso de oposición serio. Incluso siendo minoría, aquellas personas e instituciones que compartimos una visión similar sobre el tema debemos articular acciones de información, discusión, difusión y seguimiento que nos permitan plantear ante al opinión pública nuestra posición y buscar alternativas de futuro diferentes que las que propone el uribismo al país.

El interés de los colombianos y las colombianas es transitar por la ruta del desarrollo humano, la paz y la convivencia mediante la consolidación de las instituciones democráticas. La propuesta de modificar una vez más el orden constitucional para permitir una segunda reelección del presidente no significa otra cosa que debilitar esas instituciones y llevar al país a una situación en la que la discrecionalidad y el capricho de los gobernantes de turno y de sus áulicos se convierte en el único criterio de manejo de los asuntos públicos.

Instituto de Estudios Estratégicos Colombia Plural

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¡Aberrante Presidente!

Hace una semana lo habíamos sostenido en nuestra columna, y como era de esperarse, los uribistas iracundos —como su jefe— no cesaron en insultarnos y amenazarnos porque pronosticamos que durante la semana después de la marcha, los seguidores de Uribe se dedicarían a la recolección de firmas para la segunda reelección.

Felipe Zuleta


sábado, 09 de febrero de 2008

Hace una semana lo habíamos sostenido en nuestra columna, y como era de esperarse, los uribistas iracundos —como su jefe— no cesaron en insultarnos y amenazarnos porque pronosticamos que durante la semana después de la marcha, los seguidores de Uribe se dedicarían a la recolección de firmas para la segunda reelección.

Por supuesto, no sorprende que el principal promotor de la recolección de firmas sea nada más ni nada menos que Luis Guillermo Giraldo, un ciudadano que durante el gobierno Barco no se pudo posesionar como Ministro de Justicia porque así se lo impidió su pasado criminal, pasado que hoy no le impide actuar como el flamante secretario del Partido de la U, y que tampoco es óbice para reunirse en Palacio con el Presidente para posteriormente comunicarnos sobre su innovadora propuesta.

Así también el ex gerente y asesor Fabio Echeverri sostiene que le parece inconveniente hablar del tema en este momento, porque de ahora en adelante todos los actos del gobierno se interpretaran como actos de campaña, en lo que tiene toda la razón. Entonces resultaría oportuno que el Dr. Fabio, como le dicen en Palacio, le dijera a su cuñada Doris Ángel que no siga recolectando firmas, porque eso resulta un contrasentido con lo que él mismo sostiene.

En este tema, como en muchos otros asuntos, los funcionarios, asesores y amigos del Presidente dicen una cosa pero solapadamente planean otra. Todo para que Uribe se perpetúe en el poder como trató de hacerlo Fujimori o lo pretende hacer Chávez en Venezuela.

Esta operación, como es obvio, le va a resultar desastrosa al Gobierno y al país, que a la postre empezará a entender que Uribe y sus secuaces quieren la reelección, no para acabar a la guerrilla de las Farc (que según ellos ya están derrotadas), sino porque no han sido capaces de solucionarles los problemas a todos y cada uno de sus amigos los paramilitares, empezando por Mancuso, Don Berna, Jorge 40, entre otros.

No me cabe la menor duda de que los asesinos de las motosierras tienen amedrentado a nuestro valiente Presidente, cuyo coraje y fogoso lenguaje se le ve y oye cada vez que se refiere a las Farc, pero que se tornan discretos cuando debe referirse a las atrocidades de los paramilitares.

Finalmente, quienes le hacemos oposición a Uribe tendremos por mucho tiempo que soportar insultos y desplantes de todo tipo. El mismo trato que enfrentaron en su momento quienes se opusieron a Fujimori en el Perú. Hoy ellos ven esas afrentas resarcidas, al tener al ex presidente en la silla de los acusados. Así será en Colombia, porque los pueblos reaccionan ante los actos arbitrarios de sus gobernantes y Colombia no será la excepción, así hoy los uribistas crean lo contrario.

Por todo esto es que en vez de gritar como los hacen los uribistas, ¡Adelante, Presidente!, no podemos menos que decir a voz en cuello: ¡Aberrante Presidente!

Viviana Guerrero

Jefe de Dpto. de Diseño

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EL PREDIO CARIMAGUA

'Una belleza de negocio'

Pedro Medellín Torres. Columnista de EL TIEMPO.

Gobierno confirmó el escaso interés que tiene en entregar tierras a los desplazados por la violencia El Gobierno envía una pésima señal al país y a la comunidad internacional.

En el mismo momento en que la Fiscalía llamaba a indagatoria a 23 palmicultores por la usurpación de extensos terrenos en el Chocó, el Gobierno daba curso a la decisión de cambiar la destinación específica del predio Carimagua (17 mil hectáreas), que en principio debía entregar a 80 familias desplazadas por la violencia: abría la licitación para entregar esos terrenos por 50 años, a empresarios interesados en utilizar esas tierras para sembrar palma, caucho y madera.

Pese a que el informe de EL TIEMPO afirmaba que el lote estaba provisto de "aljibes de agua potable, vías y hasta una pista de aterrizaje", el Ministro de Agricultura justificaba la decisión argumentando que ese predio no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados. En cambio, afirmaba Arias "en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados".

Con esta decisión, el Gobierno colombiano está enviando una pésima señal al país y a la comunidad internacional. Primero, confirma el escaso interés que tiene en entregar tierras a los desplazados por la violencia, sin importar que la ley los declare como prioridad, debido a su circunstancia de debilidad, vulnerabilidad e indefensión.

Y segundo, vuelve a poner a los palmeros en el complejo escenario de sus relaciones con el paramilitarismo, que ha marcado la historia reciente de entregas irregulares de tierras y los desplazamientos de población asociados a la expansión de los agrocombustibles, que ha publicado EL TIEMPO (edición del 26 de mayo de 2007), Semana (ediciones de abril y mayo de 2007), y fueron anticipadas por la Resolución No. 39 emitida por el Defensor del Pueblo en junio de 2005.

El Gobierno está en todo su derecho de apostar por el desarrollo de un sector de la economía, como lo ha hecho con los palmeros.

Los ha beneficiado con una renta exenta por un término de 10 años al aprovechamiento de los cultivos sembrados entre 2003 y 2013; con una deducción del impuesto a la renta del 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos; una deducción del 10% de la renta líquida del contribuyente a la inversión nueva realizada en reforestación, y la exclusión del IVA del biocombustible de origen vegetal o animal para uso de motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con Acpm. Eso sin contar con las facilidades crediticias, de cofinanciación y apoyo institucional que le ha concedido en sus seis años de gobierno.

Lo que resulta discutible es que el Gobierno persista en impulsar ese sector, a costa de las víctimas de la violencia, como ocurre con el predio Carimagua o con la decisión de desjudicializar el trámite de pertenencias y rebajar los términos de las prescripciones adquisitivas de dominio de tierras, que hace la Ley 1152 de 2007 que dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y reforma el Incoder. Es la ley que, leída con el Plan de Desarrollo, crea el mundo feliz: legaliza las tierras obtenidas por la vía de los hechos, financia los proyectos que se vayan a desarrollar en ese predio y confiere ventajas tributarias por hacerlo.

Puede que sea "una belleza de negocio", pero aplastar a las víctimas impide la reconciliación de los colombianos. Incluso si se tratara solo de un negocio, la decisión del Gobierno ni siquiera logra estructurar un proyecto empresarial con el que Colombia pueda competir en el mundo de los combustibles. Legalizar propiedades y recibir subsidios solo consolida las prácticas rentistas que han caracterizado a la mayoría del empresariado (y el paraempresariado colombiano).

Pedro Medellín Torres

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Claves para entender la marcha del 4 de febrero

La marcha del 4 de Febrero ha sido, como se podía imaginar, un éxito contundente en cuanto a participación.

Los reportes hablan de 1 millón de personas solo en Bogotá.

La gente ha marchado en más de 50 ciudades colombianas y otras 130 en todo el mundo. La atmósfera ha sido muy tranquila y por la calle han desfilado personas de todos los extractos sociales, desde los ricos de los barrios bien hasta los habitantes de las áreas más degradadas. Indudablemente un evento histórico, a tal punto que se la considera como una de las más grandes marchas de la historia del país. No se ha verificado ningún problema de orden público. La consigna de la marcha era: "No más FARC, no más secuestro", pero mucha gente desfilaba también con pancartas en contra de los otros actores armados y en favor del acuerdo humanitario.

Uno pocas centenares de personas han acompañado a los familiares de los secuestrados que han decidido no marchar y organizar una liturgia en la Iglesia del Voto Nacional.

Ha sido un día de fiesta cívica inusual en Colombia, que se ha unido por la paz. Este insólito evento, por realizarse en un país que generalmente no se expresa masivamente en las calles, no obstante ser uno de los más conflictivos del planeta, puede tener por lo menos 3 claves de lectura: el rechazo, la manipulación y la expropiación del dolor.

El rechazo

Ya son 6 las generaciones de colombianos que han nacido y se han criado en el contexto de la guerra y han tenido que acostumbrarse a magnicidios, violencia, desapariciones, desplazamiento y secuestro. La falta de un "post-conflicto" por 60 años ha hecho que los colombianos no hayan podido "vomitar sus muertos", como lo sugirió el premio Nobel José Saramago en un reciente viaje al país, o sea no hayan podido analizarse, en una situación pacificada, para aprender de sus errores y no volver a repetirlos. Un conflicto tan largo tiene pocas referencias en los tiempos modernos como para poder comparar y analizar los efectos sociales sobre la población.

Pero un conflicto tan largo demuestra también, que existe, en las clases dominantes, una incapacidad, cuando no una falta de voluntad, para poner fin al conflicto. Cosa que contrasta fuertemente con las ganas y la ilusión de vivir en un "país normal" de la mayoría de la población. Esto es posible porque Colombia es un país quebrado: por una parte las ciudades volcadas hacia la modernidad, el lujo, y hacia modelos económicos globalizados, y por otra parte, el campo, las áreas rurales, atrasadas y ahogadas en la guerra y la violencia.

Unos de los pocos hechos que lleva el conflicto a las clases medio altas de las ciudades es el secuestro. Los actores armados trasladan físicamente a políticos y a gente común en medio de la selva y de la guerra, creando un cordón umbilical que une las dos partes de esta Colombia rota por la violencia.

En este escenario, la marcha del 4 de febrero, organizada por un grupo de la red Facebook, es una novedad, una de las pocas ocasiones en las cuales la población sale a la calle en forma masiva.

Los colombianos han interiorizado la impotencia y el dolor por su país, y se esfuerzan por borrar el conflicto de su mente.

Por esto, la fuerte reacción frente a las inhumanas condiciones de los rehenes en manos de las FARC es positiva y podría marcar un despertar de la sociedad. Es un raro momento de espontáneo y genuino rechazo a la violencia que vive el país.

Pero es un rechazo a un conflicto que la gente no conoce. La mayoría de los colombianos ignora las formas, los números de la violencia de su país y la naturaleza de los actores en armas. No existe una sociedad civil organizada y consciente que haga un llamado a una multitudinaria marcha de rechazo, existen poderes fuertes que aprovechan este espontáneo sentimiento para encaminarlo hacia sus intereses.

La manipulación

El presidente Uribe llegó al poder en el 2002 después de 4 años de un infructuosos e interminable proceso de paz. Un proceso nacido con gran expectativa, transformado en un engaño y enterrado indudablemente como consecuencia de los hechos del 11/9/2001. Las elites colombianas se convencieron que, en el nuevo escenario internacional, era posible derrotar militarmente a la guerrilla, evitando un ajuste social que inevitablemente hubiera conllevado un acuerdo de paz con el grupo guerrillero.

Uribe niega la existencia de un conflicto, trasforma a los actores armados de políticos a simples terroristas, y hace de la opción armada la única solución.

Construye un discurso político en donde todo tiene sentido y se justifica en cuanto existe un enemigo terrorista que se tiene que aniquilar, a continuación vienen los planes militares, las batallas se intensifican y la victoria final parece siempre cuestión de días.

Sin embargo, esta postura no permite soluciones negociadas y no prevé terceras posiciones. Existen solo uribistas o guerrilleros. Pero, sin un enemigo, el beligerante presidente podría retirase junto con su gobierno; sin un conflicto, el ejército colombiano tendría que renunciar a las enormes cantidades de ayudas de los EE.UU. que asciende al 6.5% del PIB y a su poder casi ilimitado sobre la población civil. La realidad es que la paz no la quiere nadie en el gobierno y en las elites colombianas. Mientras que hay guerra hay negocio.

Uribe se transforma en el bien absoluto contrapuesto a la guerrilla que se vuelve simple terrorismo y encarnación del mal. El conflicto armado se banaliza y el paramilitarismo se tiende a justificar como un mal menor frente al horror de las FARC.

Para poder sustentar este discurso, el presidente hace una utilización masiva de los medios de comunicación complacientes. La mayoría de los colombianos que vive el día a día ni se entera de lo que está sucediendo fuera de las pantallas de la TV. La visión oficial del conflicto armado se vuelve la única realidad, la guerrilla y sus crímenes el único enemigo.

Klaudia Girón, profesora de Psicología de la Universidad Javeriana comenta: "De este escenario se desprende que a partir de esa imagen desfigurada del conflicto, se ha ido configurando un país cada vez más desinformado y aterrorizado[…] La mayoría de la gente ni sabe, ni quiere saber las atrocidades que comete el Estado o los paramilitares".

Así que cuando los colombianos bajan a la calle a marchar, lo hacen en contra del único enemigo que conocen. Consecuentemente humillan a las víctimas de los otros actores y legitiman el proyecto beligerante del presidente.

Es claro que el Gobierno quiere aprovecharse de la jornada para afianzar su imagen como el principal referente anti-FARC en el país, y por esa vía abrirle paso a una eventual segunda reelección presidencial.

Expropiación del dolor

Cuando los organizadores se niegan marchar contra todas las violencias y deciden marchar solo contra las FARC, desconocen a las víctimas de los otros actores armados y las vuelven invisibles. Se reconoce la atrocidad que viven los más de 700 secuestrados en mano de las FARC, pero se suprime la realidad de un país destrozado por las violencias paramilitar y estatal; peor aun, estas se legitiman. Prueba de ello, es que los jefes paramilitares respaldaron, en un comunicado, la marcha del 4 de febrero.

En Colombia 120.000 personas, según cifras de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR), se han identificado como víctimas del paramilitarismo ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Se piensa que los desaparecidos a manos de los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) podrían llegar a 14.000. ¡Las AUC no tienen rehenes, llenan fosas comunes!

Con las AUC, el gobierno Uribe ha adelantado un proceso de paz muy cuestionado, en este marco, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ha declarado que no se puede aplicar el crimen de "sedición" a los integrantes de las AUC, porque no se levantaron en contra del Estado, sino a su favor.

Efectivamente, más de 60 congresistas y políticos uribista están involucrados en el escándalo conocido como la "parapolítica" y se los acusa de haber financiado y creado grupos paramilitares. Entre estos se encuentra el primo del Presidente, Mario Uribe.

Hablando solo del 2008, entre el 31 de diciembre y el 14 de enero, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), reportó que presuntos paramilitares de ultraderecha han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve, han obligado a 120 a desplazarse y han herido a otras tres.

"Pareciera que esas víctimas son inexistentes", escribió Iván Cepeda Castro, presidente del MOVICE, en una carta al presidente Álvaro Uribe. "Ni los gremios empresariales, ni la Iglesia ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes", agregó, en referencia a la manifestación del 4 de febrero.

En la carta, Cepeda continúa: "¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos?".

La marcha del 4 de febrero expropia a todas la victimas del conflicto de su dolor. No es casual que ninguna organización de víctimas, o de derechos humanos la haya apoyado.

Por: Simone Bruno
Alai-amlatina
Simone Bruno es periodista italiano

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