miércoles, 23 de abril de 2008

TIEMBLA URIBE VELEZ

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"PODRÍA TERMINAR COMO FUJIMORE", dicen analistas
TIEMBLA URIBE VELEZ, LA JUSTICIA LE PISA LOS TALONES. SU PRIMO MARIO URIBE PIDIO ASILO EN LA EMBAJADA DE COSTA RICA

Mario Uribe, un primo del presidente de Colombia, pidió asilo político en la embajada de Costa Rica en Bogotá después de que se emitió una orden de arresto en su contra dentro de la investigación de la "para-política".

Alvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe y su primo Mario Uribe han hecho política juntos por más de dos décadas.

El presidente colombiano Álvaro Uribe está pasando por una prueba de fuego: la orden de detención emitida por la Fiscalía contra su primo y socio político, Mario Uribe Escobar, por presuntos nexos con los paramilitares de derecha.

Todo ocurre en momentos en que la favorabilidad del presidente colombiano es la más alta de América Latina y llega al 84%.

No se sabe si la orden de captura contra el ex senador Mario Uribe se hará efectiva, pues éste ingresó a la sede de la embajada de Costa Rica en Bogotá y pidió asilo político, según confirmó uno de sus abogados.

Por ahora, otros 32 legisladores y ex legisladores ya están tras las rejas por el escándalo de la "para-política", 30 más son investigados por la Corte Suprema y por la Fiscalía General, y uno más fue absuelto.

La gran mayoría de los congresistas y ex congresistas presos e investigados por la "para-política" hacen parte de partidos que integran la coalición que apoya al presidente Uribe en el Congreso.

Por eso, muchos se preguntan qué tanto afectará la decisión contra Mario Uribe al presidente colombiano, quien llamó personalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia el día en que ese tribunal ordenó investigar a su primo.

¿Se profundiza la crisis?

Mario Uribe Escobar
32 legisladores y ex legisladores ya están tras las rejas por el escándalo de la 'para-política'.
Otros analistas le dicen a BBC Mundo que, adicionalmente, la orden de detención de Uribe profundiza la crisis política producida por la "para-política".

En la última semana dos importantes aliados del presidente Uribe, la presidenta del Senado, Nancy Gutiérrez, y el presidente del Partido de la U, Carlos García, comenzaron a ser investigados por la Corte y un tercero, el senador Ricardo Elcure, fue detenido para que rinda indagatoria.

Cuando se conoció la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta del Senado, el presidente Uribe le pidió a la Corte que actúe con "objetividad".

Ahora la decisión tomada por la Fiscalía contra su primo es un golpe durísimo para el presidente, en lo personal y en lo político.

Además de parientes, Álvaro y Mario Uribe han hecho política juntos desde hace más de dos décadas en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, donde el actual presidente fue gobernador y congresista.

Los dos fundaron el partido Colombia Democrática, al cual sigue perteneciendo Mario Uribe, quien renunció a su investidura de senador a finales de 2007 y pasó a ser investigado por la Fiscalía en lugar de la Corte Suprema.

Por el momento no hay consenso sobre las consecuencias que producirá la medida contra Mario Uribe.

"Responsabilidades individuales"

"Tiene un impacto político, pero no creo que termine salpicando al presidente, porque las responsabilidades penales son personales", declara a BBC Mundo Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de justicia en el primer gobierno de Uribe.

La decisión judicial "profundiza de manera muy grave la crisis, porque toca a aliados muy cercanos del gobierno
Rafael Pardo Rueda, ex ministro liberal

En cambio, el columnista Ramiro Bejarano, de El Espectador, cree que esta orden de detención "afecta gravísimamente (al presidente), porque abre las puertas para que se revise todo su pasado político. Y el presidente tendrá que salir a dar explicaciones".

También en declaraciones a BBC Mundo, Rafael Pardo, ex senador y ex ministro del opositor Partido Liberal, sostiene que la decisión judicial "profundiza de manera muy grave la crisis, porque toca a aliados muy cercanos del gobierno".

Según Pardo, la decisión se produce en momentos en que "el gobierno ha intentado desviar la atención, proponiendo reemplazar a la Corte Suprema (por un nuevo organismo judicial)" dentro de un proyecto de reforma política.

El analista León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, le dice a BBC Mundo que la orden de captura contra Mario Uribe es "la prueba máxima para el presidente".

"Uribe tiene que decidir si apoya estos procesos judiciales y se desliga de los políticos involucrados en las investigaciones o si, como ocurrió con Alberto Fujimori, en 1992, decide revocar a la Corte Suprema cuando en realidad la crisis está en el Congreso", añade Valencia.

Uribe tiene que decidir si apoya estos procesos judiciales y se desliga de los políticos involucrados en las investigaciones o si, como ocurrió con Alberto Fujimori, en 1992, decide revocar a la Corte Suprema cuando en realidad la crisis está en el Congreso
Leon Valencia, analista político

El experto cree que Uribe está en ese dilema mientras tiene una alta favorabilidad en Colombia y es observado por la comunidad internacional.

Pero el senador Armando Benedetti, quien hace parte de la coalición que apoya a Uribe, declara a BBC Mundo que "más que afectar al presidente, esta decisión (la orden de detención contra Mario Uribe)significa que gana el Estado de Derecho, porque demuestra que hay garantías para investigar a todo el mundo, no imponga quién sea".

¿Crisis de gobernabilidad?

El ex ministro Carlos Caballero Argáez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, advierte que lo más preocupante es que "la crisis política se puede volver una crisis de gobernabilidad".

Y explica que el arresto de varios congresistas está afectando el quórum que necesita el Congreso para debatir algunos proyectos de reforma constitucional o de ley.

A todas esas preguntas se une otra más: ¿Qué pasará con la iniciativa que busca una segunda reelección de Uribe?

El ex candidato presidencial y presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, le dice a BBC Mundo que "ahora Uribe buscará otra reelección para garantizar su inmunidad".

Pero Rafael Pardo no lo cree posible, por los cuestionamientos que hay sobre el actual Congreso. "Sería el Guiness récord del cinismo".

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origen viciado de la reelección presidencial

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LA AUTOINCRIMINACIÓN DE YIDIS

La legitimidad impugnada

Pedro Medellín Torres. Columnista de EL TIEMPO.

origen viciado de la reelección presidencial

No necesariamente un gobierno popular es uno cuyo poder es legítimo.

Algún día tenía que pasar. La habilidad que el Gobierno había demostrado para desvirtuar pruebas o desviar la atención pública sobre hechos que lo cuestionaban resultaría insuficiente para contener la avalancha de acontecimientos. Ahora son las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, en las que acepta haber apoyado la reelección del Presidente a cambio de puestos en la administración pública. Es un reconocimiento de parte de lo que ha sido práctica de muchos años y recurso preferencial de este Gobierno: el ofrecimiento de cargos públicos a cambio de votos en el Congreso.

Medina describe bien su funcionamiento. Un congresista es invitado a desayunar en Palacio para acordar los apoyos a los proyectos presentados por el Gobierno. En principio se resiste, buscando obtener la mayor cuota posible. Pone al ministro del ramo y a sus jefes políticos a perseguirlo, hasta que obliga al Presidente a que lo llame para asegurar su participación burocrática en el Gobierno. Claro, el cumplimiento depende del congresista y de la influencia que tenga en Senado o Cámara.

El problema está en que para el caso de Yidis Medina lo que se jugaba era, ni más ni menos, la reelección presidencial. No sólo se trata de la implicación simbólica que tiene para la ética pública de un país el que un presidente invoque la lucha contra la politiquería y la corrupción, pero, para mantenerse, recurra a los favores de una dirigente política que fue concejal de Barranca por el Partido Liberal, candidata a la alcaldía de su municipio con el aval del cura Hoyos y, como congresista, vota argumentando que "me debo al Partido Conservador, que apoya la reelección". Se trata, sobre todo, de una gravísima implicación política e institucional que tiene la declaración: la autoincriminación de Medina (en acuerdos que configuran los delitos de cohecho y tráfico de influencias) impugna la legitimidad del poder que sustenta el gobierno de Álvaro Uribe.

Es evidente que un poder que se origina en una negociación espuria de favores está viciado desde su origen. Y no puede ser corregido ni siquiera por la más abrumadora de las popularidades.

Un gobierno popular no es necesariamente uno cuyo poder sea legítimo. La legitimidad no nace de la popularidad. Nace del apego a las normas, no de su violación. Es a partir del respeto a las leyes y las reglas del juego político como, con sus acciones, los gobernantes van construyendo su legitimidad. Es decir, van logrando transformar la obediencia en adhesión. Pero cuando la adhesión se logra a cambio de favores, la legitimación se degrada a una simple compra de conciencias, individuales o colectivas. Y cuando eso ocurre, la política se reduce a una práctica de extorsiones cruzadas en donde todo se compra o vende al mejor postor y la función de gobernar deja de ser la de conducir a las sociedades y los Estados para quedar sometida a la administración de intereses.

Quizás Uribe y su gobierno argumenten que, como dijo Maquiavelo, "la acción política inmoral sólo se justifica cuando tiene por finalidad la salvación de la patria". Sin embargo, es evidente que la salvación de la patria no debe hacerse a costa de quebrar los fundamentos que la sostienen: el derecho y las instituciones políticas. El problema radica en que un poder surgido de una negociación espuria establece lazos que difícilmente se pueden romper y complicidades imposibles de erradicar. El resultado es que quienes ayudan a que alguien ejerza el poder se sienten con derechos para exigir una retribución a su esfuerzo. Quizá por eso hemos tenido que ver cómo proyectos de ley que parecían sepultados, de un momento a otro resultan aprobados por bancadas que apenas unas horas antes se resistían a hacerlo.

Algún día alguien contará cómo se aprobaron las reformas tributarias y las reformas de las transferencias o del régimen pensional.

La crisis llegó a la cúspide de los poderes públicos. Ya no sólo el Congreso está marcado por la ilegitimidad. Ahora es el propio Gobierno el que tiene su legitimidad impugnada.

Pedro Medellín Torres

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